A 100 años de la Constitución ¿Celebración o pasmo?

Publicado el 6 febrero, 2017

No soy especialista en el tema. Por eso mis ideas son tomadas de aquí y de allá, de algunos textos de conocedores profundos de la Carta Magna y su historia, como de las respuestas de ciudadanos de a pie a quienes me pareció interesante incluir en este necesario ejercicio de reflexión; de estos, robé no más de tres minutos de su tiempo. Su disposición y franqueza coadyuvó en este incipiente y un poco previsible diagnóstico. Expresar una opinión mesurada sobre la vigencia, relevancia, cambios y trascendencia de un texto que cien años después de haber sido promulgado lleva ya 699 cambios y cerca de 67,000 palabras, 45,000 más que el original de 1917.[1] Este hecho, para muchos, es quizás una de las razones para pensar en su sustitución.[2]

 

La Constitución que ya no es

Hablar entonces de la Constitución vigente es ya no hablar en muchos sentidos de la Constitución de 1917 pues preserva menos del 20% del texto original.[3] Las modificaciones en esa centuria de vida (casi el 25% en tan solo un lapso de 4 años, de 2012 a 2016), revelan que el pacto signado por los constitucionalistas de 1917 plasmó sentimientos nacionales muy distintos a los sentimientos “nacionales” que norman la vida y relaciones de los habitantes de la República Mexicana de 2017. Aunque esto es decir mucho. Para Miguel Carbonell un problema es la existencia de “una clase política voraz de reformas” pues observa con ironía cómo “hasta los cerillos y fósforos están constitucionalizados”.[4] Propone en consecuencia una moratoria en materia de cambios constitucionales. Es decir ya no reformar más un texto que poco se aplica.[5]

En un notable ensayo, el constitucionalista Héctor Fix Fierro observó también que el ritmo de las reformas a la Constitución de 1917 se aceleró en los últimos períodos de gobierno, en el tramo de la inacaba y errática democracia electoral,[6] en realidad una partidocracia corrupta. Han sido extraordinarias en sentido cuantitativo como en cualitativo, reconoce, las reformas. Los cambios, señala, han apuntado al fortalecimiento de los poderes Legislativo y Judicial frente al Poder Ejecutivo Federal, omnipresente por casi siete décadas.[7] Celebra que se han ampliado los derechos de los ciudadanos y de los medios para su defensa, así como los mecanismos de rendición de cuentas del gobierno y de responsabilidad de los servidores públicos. Pero, al igual que Soledad Loeza, Fix Fierro coincide en que la CP terminó conteniendo no solo normas de organización del Estado, sino políticas de gobierno.[8] El resultado: una hipertrofia disfuncional y anti-sistémica. Todo puesto en el papel y en innumerables leyes y reglamentos que, pese a los avances cuantitativos y cualitativos destacados por Fix Fierro, al final la propia clase política los evade y no se cumplen.

Los cambios, coinciden todos, han dado nueva dinámica al orden constitucional con efectos a los órdenes jurídicos de los estados y municipales, pero son niveles en los que también se mutila la práctica del derecho. Fix Fierro sugiere que, en los hechos, existe un diseño institucional “nuevo”, más complejo y moderno, superpuesto al modelo institucional que se construyó en los años posteriores de la Revolución. Ambos bosquejan, apunta, dos tipos de pactos constitucionales. Pero extrañamente “siguen coexistiendo dentro de la misma Constitución”, propiciando múltiples lecturas que cultivan el enrarecido ambiente constitucional y legal que vivimos hace ya tiempo. Otros autores han sugerido que la Constitución de 1917 ya esbozaba ese talante enredado y tenso entre instituciones de marcada orientación normativa frente a otras de claro corte gubernamental-administrativo, péndulo trágico observable en períodos tanto monopartidistas como pluri-partidistas.

 

La (in)cultura constitucional

Varios estudiosos establecen que un problema serio en países latinoamericanos es el bajo nivel de cultura o conocimiento constitucional en la sociedad. El ciudadano, definido así por las leyes magnas, en muchos sentidos no lo es o no se asume tal. Esto por el simple hecho de que desconoce que existe una norma regulatoria de sus relaciones con el Estado y del Estado, con el gobierno, con sus conciudadanos y por extensión con los demás Estados y ciudadanos del mundo.[9] Es un terrible déficit educativo e identidad que afecta este como otros órdenes contemporáneos, pese a la existencia del internet y al sin fin de ofertas universitarias de las que se presume en últimas fechas. Recordemos que la clase de Civismo fue excluida de la carga educativa hace ya cuatro décadas.

La cultura constitucional, no solo en México sino en la mayor parte de los países de América Latina es tan pobre o escasa, que recientes ejercicios orientados a esclarecer que conocen los ciudadanos de sus respectivas cartas constitucionales, dejaron un poco pasmados a sus promotores; entre estos a connotados estudiosos constitucionalistas. El pacto y su texto parece seguir siendo, como veremos, asunto de grupos reducidos cuando no desconocidos. Para confrontar el dicho de esos estudios nos tomamos el reto de definir y aplicar un breve instrumento de medición con el ciudadano de la calle a propósito de la centenaria celebración que nos convoca. Construimos cuatro preguntas cortas y directas, básicas, pues nos pareció importante averiguar ¿qué se conoce de la Constitución Política?

Las preguntas fueron: 1) ¿Sabe que se celebra el 5 de febrero?, 2) ¿Sabe cuántos años cumple la Constitución vigente?, 3) ¿Cuántos artículos componen la CPEUM?, y 4) ¿Que define el artículo 3º constitucional? Se hicieron las entrevistas los días 7, 8 y 9 del mes de enero pasado en Mérida y en una comunidad cercana. Diez se realizaron en el centro de la ciudad, otras cinco en una Plaza comercial y cinco más en la comunidad de Kanasín. Los resultados fueron funestos. El 95% de los encuestados declararon desconocer que se celebra el 5 de febrero, como también está excluido de su memoria que la Constitución vigente cumple cien años. El 100% de los entrevistados desconoce el total de artículos que integran la Constitución Mexicana (136), y solo el 35% de la muestra (7 personas) supo definir que el artículo 3º constitucional describe a la educación que imparte el Estado como pública, gratuita y laica; estos últimos con grados de escolaridad de licenciatura, maestría y doctorado, respectivamente.

Debo agregar que entre los entrevistados hubo personas con máximo grado de estudios de doctorado y mínimo de 2º año de primaria, así como la pequeña muestra incluyó a un nacionalizado quien por cierto solo atinó responder de forma correcta la primera pregunta. Al cotejar los resultados del breve ejercicio efectuado con los juicios de los especialistas en la Constitución las coincidencias fueron abrumadoras. Parte de ello se expone en los cuadros que acompañan esta exposición. Como señala Alejandro Rosas habrá que festejar los 100 años cuando sus predecesoras no duraban tanto (1824, 37 años y 1857, 60 años), aunque es de valorar postulados recogidos de la Revolución como el derecho a la educación y el derecho a la tierra.[10]

 

¿Qué celebrar?

¿Qué debe entonces celebrarse después de 100 años de “vigencia” de un texto constitucional como el mexicano? ¿Debemos aplaudir su existencia o debemos preocuparnos de su desconocimiento generalizado entre el ciudadano común? Recordemos que en la mayor parte de nuestros países, más en las últimas décadas, el problema de la impunidad parece ser la cultura hegemónica, no la llamada cultura del derecho o la cultura de la legalidad que la clase gobernante repite una y otra vez es la que prevalece; es decir, la cultura sustentada precisamente en el conocimiento y ejercicio del orden constitucional y de todas las leyes que se derivan de la carta magna. Lamentablemente no es así.

Podemos citar actuaciones recientes de gobernadores constitucionalmente electos a quienes, junto con sus mafias operativas, parece haberles valido un centavo ejercer constitucionalmente sus encargos en aras de ponerse al tú por tú con el capitalismo depredador, la delincuencia de cuello blanco, el crimen organizado o simplemente la vanidad de sentirse intocables con base a la impunidad política: Veracruz, Sonora, Tabasco, Chihuahua, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas, Aguascalientes, y demás.[11] Y esto porque no se han hecho o desconocemos estudios históricos o políticos regionales sobre actos similares en esos cien años de negada cultura constitucionalista.

 

Últimas palabras

Respeto desde luego a quienes se congratulan y gesticulan sobre la aspiración permanente y legítima por alcanzar un Estado de derecho. Pero desconocer u alentar la evasión de los procesos y pactos (por y entre poderes) que pisotean las normas básicas, hacen que en cualquier celebración cívica aparezca sin remedio (con o sin invitación), la compañía incómoda de siempre: ignorancia, corrupción, impunidad, desorden, retraso, crimen, y demás.

¿Significa esto que debe enterrarse cualquier posibilidad de establecer y practicar normas mínimas para la convivencia civilizada u educada? Por supuesto que no. Nos hace pensar si no se debe impulsar una gesta twittera, facebookera o cuando menos whatsapera para tratar de introducir y hacer viral entre la población el conocimiento de sus derechos con base a un nuevo constituyente. Casi dos decenas de intentos fallidos de entrevistas se disculparon conmigo argumentando que no tenían tiempo para responder, pero ninguno/a despegó dedos ni oídos de su modelo de Smartphone en turno. Expone por tanto lo señalado el enorme rezago que algunas naciones y regiones padecen respecto de los poderes que históricamente se han configurado sin consentir la aplicación real de las, a veces, catárticas conquistas textuales con cien años de vida. Una de estas, sin duda, nuestra Constitución, tan eterno sueño como brumosa pesadilla.

 

Referencias

[1] Yanireth Israde, Constitución hipertrófica, En: Reforma (Cultura), 11 de Enero de 2017, p. 15.

[2] Ibid.; Miguel Carbonell, ¿Por qué no una nueva Constitución?, Revista Nexos, 6 de febrero de 2014; Arturo Rodríguez García, Es hora de un nuevo Constituyente, Revista Proceso, 1 de enero de 2015.

[3] Ibid; Héctor Fix Fierro, Hacia el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Una reflexión a propósito de Reformas, Textos, Modelos y Culturas Constitucionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2013 (Libro completo en http://biblio.juridicas.unam.mx/libro:htm?l=3825).

[4] Israde, op. cit.; Miguel Carbonell, La Constitución Extraviada, El Universal, 6 de febrero de 2010.

[5] Ibid..

[6] Fix Fierro, op. cit., pp. 697-702.

[7] Ibid.

[8] Israde, op. cit.

[9] Fix Fierro, op. cit., pp. 717-727; Carta Paramétrica, ¿Cómo vemos la Constitución y que tanto cumplimos con la ley, En: www.parametría.com.mx, 5 de febrero de 2014.

[10] Israde, op. cit.

[11] Recuento efectuado con base a periódicos como Reforma, Excelsior, El Universal, Por Esto!, Diario de Yucatán y la revista Proceso (2012-2017), programas como Aristegui Noticias, CNN, y demás.

Tags: Aniversario, celebración, Constitución Política, cultura, impunidad

Autor: Iván Franco Cáceres

Licenciado en Antropología Social por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Historia de México por El Colegio de Michoacán y doctor por la Facu...

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