Comentarios a ‘En el viejo sillón’, de Ivonne Ortega Pacheco

Publicado el 21 septiembre, 2016

Comentarios a ‘En el viejo sillón’, de Ivonne Ortega Pacheco

Por Juan Chaia Shaadi.

Publicado originalmente en El Diario de Yucatán, entre el 18 de febrero y el de marzo de 2016.


1. Logros, errores y omisiones

Leímos con detenimiento y espíritu reflexivo el notable esfuerzo realizado por Ivonne Ortega Pacheco (IOP) al escribir en su libro “En el Viejo Sillón” una especie de autobiografía, salpicada de amenos comentarios y efemérides que la autora nos obsequia relacionados con su vida política. Compartimos con ella las cualidades y virtudes que la acompañan: es una persona emotiva, irreverente, desafiante, terca, muy cercana al pueblo y muy involucrada en sus problemas, tenaz, sensible y dedicada. Pero también, del otro lado de la moneda, observamos sus puntos, a nuestro juicio, débiles. Con una indiscutible intención de fortalecer su perfil público, reiterados autoelogios, varios de ellos sin sustento, intentando magnificar su imagen como persona que lucha contra la adversidad de la cual aparece en diversas ocasiones como víctima. Nos parece que persigue un propósito bien definido: continuar ejerciendo su liderazgo en la política interna de Yucatán y a la vez intentar el acrecentamiento de su músculo político en el ámbito nacional, siempre procurando hacer realidad su afán a veces obsesivo de buscar una posición de primerísimo nivel en el Ejecutivo federal, ilusamente la silla presidencial.

Advierte IOP en los capítulos iniciales del libro las graves limitaciones que amargan a su entrañable Dzemul, a pesar de que se tuvieron algunos buenos resultados antes de su mandato, durante y después del mismo. No obstante lo anterior, continúan existiendo notables rezagos en materia de salud, servicios públicos, crecimiento y desarrollo económico, cultura, etcétera, que han sido imposibles de superar ni tan siquiera cuando Ivonne tuvo a su cargo la administración gubernamental. En el país, por desgracia, existen miles y miles de poblaciones que sobreviven, de milagrería, en condiciones peores que la de Dzemul. Y los responsables de la situación siguen siendo los mismos, o mejor dicho seguimos siendo todos: por un lado, una clase política dispuesta al derroche, al cultivo de su personalidad y protagonismo político, al impresionante enriquecimiento personal frecuentemente por medios ilícitos, paseando campantemente por la ruta bien protegida de la impunidad; y por otro lado, una sociedad civil pasiva, indiferente, muy permisiva, desconfiada, desunida, que casi no cree en nadie, que casi todo lo tolera, que casi todo lo acepta mentalmente de rodillas, reafirmando con ello un escenario sociopolítico muy difícil de modificar, pero que urge hacerlo, con o sin la intervención de los partidos políticos.

Entrando de lleno al contenido del libro, se deben reconocer objetivamente los hechos y resultados positivos que exaltó la autora del mismo.

En primer término, el impactante volumen de recursos federales que obtuvo durante el quinquenio de su mandato, mismos que pudieron haber sentado las bases para un efectivo despegue y progreso económico real de la entidad.

Durante el período 2001 a 2007 (seis años) el gobierno estatal de Yucatán obtuvo por concepto de aportaciones federales la cantidad de 68, 970 millones de pesos; de 2007 a 2012 (cinco años) la administración de Ivonne Ortega recibió por el mismo concepto 101,914 millones de pesos, o sea, una cantidad 47.8 por ciento superior a la ejercida en más tiempo por la administración anterior. ¿Cuál fue el destino de esa monumental cantidad de recursos obtenidos? Ciertamente hubo una imperdonable opacidad en la rendición de cuentas, tema que no forma parte de este análisis.

Otro resultado positivo del régimen “ivonnista” fue el empeño por llevar a cabo una enorme gama de programas sociales en beneficio de las clases sociales más vulnerables, mismos que a continuación se detallan: Setenta y Más, Casa Universal, Casa Digna, Multiplicar, Seguro de Mar, Maravíllate con Yucatán, Fortalecer, Solidaridad Alimentaria y Cobijar. Creeremos en su utilidad y nos convertiremos en sus decididos apologistas el día que Ivonne exhiba en forma precisa y cuantitativa —con hechos verificables y no con retórica oficialista— la eficacia y efectividad que lograron, documentando cuantitativamente la cobertura que tuvieron, la oportunidad con que se brindaron, la calidad y cantidad de los mismos, así como el grado de satisfacción que tuvieron los beneficiarios de dichos programas. El más promovido de todos ellos, Cobijar, adquirió fama tristemente célebre cuando se comprobó que entre sus destinatarios se encontraban personas que tiempo atrás habían fallecido.

Otro éxito reconocible para Ivonne ha sido la lucha que ha llevado a cabo a fin de impulsar la equidad de género, para que las mujeres obtengan más espacios y oportunidades de participación política. Este propósito lo ha procurado en todas las trincheras donde ha estado presente.

Y el más impactante de los resultados positivos fue la capacitación, reforzamiento en recursos humanos, equipo y armamento, así como la exitosa logística de los cuerpos de seguridad, que permitieron que Yucatán continuara disfrutando del ambiente social en el que convivieron generaciones pasadas, revestido de paz y tranquilidad, como se vivía antaño, mismo que, según estadísticas oficiales, en el período de Ivonne ubicara a Yucatán como la entidad federativa más segura del país.

El otro lado de la moneda lo constituye el fuerte volumen de omisiones, sobre todo en aspectos trascendentes de su gestión, errores y desaciertos en los temas apuntados en el libro, que distorsionan la verdad, la credibilidad y la confianza de la comunidad respecto al contenido de este, que pudo haber sido un valioso aporte documental y biográfico. Por lógicas razones de espacio y respeto a los demás temas que aborda el prestigiado Diario de Yucatán, nos limitamos a señalar sólo aquellos que a nuestro juicio, tienen mayor relevancia y grado de inexactitud.

2. Con una dudosa preparación

Trayectoria académica y política

Presume Ivonne de las altas calificaciones que obtuvo en el nivel de educación primaria, allá en su natal Dzemul. Lamenta que en el primer año del nivel secundaria, en 1982, hubiera tenido que abandonar sus estudios en el municipio de Motul, supuestamente por motivos económicos. Tiempo más adelante, en un comentario circunstancial, apunta que concluyó el ciclo de secundaria a través del sistema de enseñanza abierta. No aborda más el tema hasta que en pleno proceso electoral para la gubernatura del Estado en 2007 informó que contaba con estudios de bachillerato concluidos.

Al respecto, en la SEP no se encontraron registros oficiales de que hubiera cursado dicho nivel, solamente que se inscribió en el Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios con sede en Motul, pero que fue dada formalmente de baja, según lo asienta documento suscrito por el coordinador de dicho Centro. En su defensa, Ivonne exhibió un certificado que le expidió un jefe de Departamento de Control Escolar, donde acredita que concluyó el nivel preparatoria a través también del sistema de enseñanza abierta, sin haber asistido a las aulas escolares. En 2012, siendo secretaria general del PRI muestra un certificado de terminación de estudios universitarios en Derecho, realizados en el Centro de Estudios Michoacán, institución que se ubica en la referida entidad federativa, pero que no ha sido posible localizar.

En 2015 anuncia jubilosa que ha emprendido los cursos de postgrado, sin precisar la especialidad decidida. Tal vez para el proceso electoral de 2018 anuncie la exitosa terminación de los mismos, en algún Centro de Estudios Superiores no conocido, quizá ubicado en el Estado de México.

En lo concerniente a su trayectoria política destaca su impresionante ascenso a una velocidad increíble, como también el desprecio que ha manifestado, en los hechos, a la voluntad de quienes depositaron su voto de confianza en ella para que los representara de tiempo completo en el cargo para el que fue electa. Nunca ejerció completa su función de representante popular, salvo en el caso de la gubernatura en la que, a pesar de todo, Ivonne solicitó, suplicó, golpeó puertas, para que le autorizaran a retirarse anticipadamente del puesto e irse a la campaña presidencial, decisión que rechazó sistemáticamente el candidato de su partido, Enrique Peña Nieto. En su pueblo la definen como una política muy “espumosa” porque apenas tenía el mando en la alcaldía (julio de 1998) y ya iniciaba su campaña para diputada local (2001). Diez meses antes de concluir su gestión en este cargo ya estaba en franca campaña para la diputación federal. Más o menos diez meses igual, antes de cumplir su responsabilidad en esta última posición, ya se encontraba en plena lucha por la senaduría por Yucatán (2007). En esta elección IOP perdió en las urnas por la vía uninominal, pero alcanzó la posición política por la vía plurinominal, gracias al perverso sistema político existente, en él se puede competir en una misma elección para el mismo puesto tanto por la vía uninominal como por la plurinominal. Cincuenta y siete días permaneció “disfrutando” de su nuevo cargo, pero ya teniendo en su voluntad y en su mente desde tiempo anterior la pasión por la gubernatura de Yucatán.

El impactante ascenso político tenido por Ivonne puede explicarse por dos razones básicas: en primer término por su talento, astucia, agresividad, ansias de tener el poder y la gloria de ser líder, así como por las malas mañas y triquiñuelas que la mayoría de los políticos triunfadores utiliza para vencer a sus rivales en las contiendas. La otra razón, quizá más importante que la primera, fue su capacidad desde su estadía en la Cámara de Diputados, para integrarse a un poderosísimo grupo en el que figuraban Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Félix González Canto, Manuel Velasco, entre otros, cofradía que juró el compromiso permanente de apoyarse hasta morir, unos a otros, en las buenas y en las malas, y que mereció el respaldo y apoyo de varios gobernadores, entre ellos Natividad (“Ratividad” le llaman muchos en su tierra) González Parás, Humberto Moreira Valdez (hoy día sujeto a proceso penal en España acusado de la comisión de delitos penales) y Fidel Herrera, así como de los líderes camerales Emilio Gamboa Patrón y Manlio Favio Beltrones, “iconos todos ellos de la transparencia y la legalidad”, todos ellos orientados y cobijados por el manto tutelar y la iluminación de Carlos Salinas de Gortari. (Continuará).— Mérida, Yucatán.

En la SEP no se hallaron registros oficiales de que Ivonne Ortega hubiera cursado el bachillerato, sólo que se inscribió en el Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios en Motul, pero que fue dada formalmente de baja.

3. Obras y cifras sin sustento

Proceso de entrega-recepción del gobierno estatal.

En diversos capítulos del multicitado libro, Ivonne lamenta el desastroso estado en que recibió el gobierno estatal de su antecesor. Abundan las críticas y epítetos negativos respecto a la recepción de obras inconclusas, mal planificadas y con errores de diseño; equipos, armamento, instalaciones y transportes muchos inservibles o en pésimo estado de funcionamiento; instituciones colapsadas, etcétera.

Con un mínimo de sentido común, hubiera sido congruente haber levantado una gran cantidad de pliegos de responsabilidades, mínimo la comparecencia de la totalidad o al menos de los principales funcionarios que en su momento tuvieron las marcadas irregularidades. Abundaron cuestionamientos mediáticos y amenazas de castigo a los supuestos responsables de las mismas, pero ¿sabe usted, apreciado lector@, cuántos citatorios (al menos en el rubro de obras públicas) o denuncias ante los órganos de fiscalización hubo? Ninguno, salvo el caso de José Carlos Guzmán Alcocer. A mayor abundamiento, obra en nuestro poder, merced a la mecánica de acceso a la información pública, la documentación recibida de la nueva administración (Francisco Torres Rivas y María Virginia Martín Flores) respecto a una de las obras más cuestionadas, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida, que no mereció observación ni cuestionamiento jurídico alguno de los nuevos responsables. Cabe el sospechismo de suponer que las críticas verbales habidas obedecieron a la intención de solicitar un mayor volumen de recursos federales con el pretexto de corregir “los errores del pasado”, o bien para aplicar la reiterada actitud “salinista” de denostar y calumniar todo lo proveniente de la administración anterior, en el intento de enterrar lo pasado e iniciar de nuevo la historia.

Yucatán es la cuarta entidad con menor deuda pública en el país. Eliminamos de nuestro análisis la crítica que en múltiples ocasiones han realizado diversas organizaciones empresariales, de especialidades profesionales y de la sociedad civil, por el encubrimiento, de la autoridad estatal, de parte de la deuda pública real proveniente de la operación gubernamental habida, entre otros la deuda con el Isstey, los adeudos a proveedores de bienes y servicios, así como los pasivos generados en la construcción y operación de las obras realizadas bajo el régimen de PPS (pago por servicios) y de otros pasivos. De mala fe, a mi juicio, los órganos financieros estatales sólo reportan a la Secretaría de Hacienda como deuda pública la información relativa a créditos obtenidos con la banca y con otras instituciones de crédito, a nivel nacional e internacional.

Limitándonos estrictamente a la información oficial general emitida por la SHCP en 2011, fecha más próxima a la terminación de su quinquenio, los resultados de la investigación arrojan los siguientes datos:

—Yucatán era la quinta entidad menos endeudada del país con un importe de 2,015 millones de pesos de débito. Campeche, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas disponían de un monto menor adeudado.

El punto crítico no es dónde se encontraba posicionado Yucatán en términos de endeudamiento, sino de evaluar objetivamente si nuestra entidad tuvo necesidad real de endeudarse si en el período 2007-2012 recibió 33,000 millones de pesos adicionales, en comparación con el período de gobierno estatal anterior, por concepto de aportaciones federales.

—Cuanto se revisan otras variables macroeconómicas, el resultado fue menos favorable para nuestro Estado. Con datos todos de 2011, en materia de Producto Interno Bruto, que a nivel nacional fue ese año de 11.3 mil billones de pesos, Yucatán sólo colaboró con 161.6 mil millones de pesos, que lo ubican en un incómodo 25 lugar nacional.

¿Cuán importante resulta que Yucatán hubiese sido uno de los estados menos endeudados del país, si a la vez era una de las entidades que menos riqueza y bienestar generó, que más bajo importe del PIB tenía?

—En el importantísimo tema de ingresos propios captados por la totalidad de entidades federativas en el país, el monto total anual recaudado ese año fue de 112,832 millones de pesos, de los cuales Yucatán aportó únicamente 1,326 millones de pesos, que lo posicionan en el pobre lugar 21 y lo exhiben como un estado con bajo nivel de autosuficiencia financiera. Cuando el informe oficial se refiere a ingresos totales (ingresos propios más ingresos provenientes de la federación) la cifra para Yucatán asciende a 21,537 millones de pesos, que lo ubican en la posición 19.

—En síntesis entre la información encubierta de la deuda real y el muy débil comportamiento de su economía, Yucatán no tenía motivos suficientes para echar al vuelo las campanas en este rubro.

jchaia4@yahoo.com

Abogado e integrante de la asociación civil Poder Ciudadano Colectivo 4 de julio

El punto crítico no es dónde estaba posicionado Yucatán en endeudamiento, sino de evaluar si nuestra entidad tuvo necesidad real de endeudarse si en el período 2007-2012 recibió 33,000 millones de pesos adicionales

4. La polémica por un hospital

Hospital de Tekax.

Mucha tinta se ha vertido en este tema y, sin embargo, un fuerte núcleo de ciudadanos mantiene dudas acerca de cuál es la verdad sobre el asunto. Vamos a tratar de ser breves, concisos y concluyentes en este tan refrito capítulo.

El sureste del Estado, tal vez la parte más pobre de Yucatán, carece y continúa careciendo increíblemente de todos los servicios médicos de segundo nivel.

Para atender esta carencia el régimen de Patricio Patrón Laviada inició en el mes de septiembre de 2006 la construcción de este hospital de segundo nivel con capacidad para 30 camas y para la atención médica en diversas especialidades.

Al concluir su gestión el 1 de agosto de 2007 había invertido 28.3 millones de pesos de recursos propios, con un avance físico, según él, del 63% y además entregó en fideicomiso la cantidad de 23.1 millones de pesos para concluir la obra dentro de los siguientes seis meses, de acuerdo con el calendario establecido.

El vocero del vocero de la ex gobernadora, Juan José Sánchez Duarte, indicó en marzo de 2015 que el avance físico real a la fecha del cambio de gobierno era solamente del 40%, sin aportar pruebas sustentables al respecto.

El punto crítico es que en los tres primeros años de la administración de Ivonne (2007 a 2009) se tuvo tiempo y recursos más que suficientes para haber puesto en funcionamiento este proyecto vital, dado que el gobierno federal envió para su conclusión otros 66 millones de pesos y adicionalmente había comprometido para 2010 remisionar 17.9 millones de pesos destinados a equipamiento, para con ello concluir los trabajos del nosocomio, pero que finalmente estos últimos (17.9 millones) no los entregó, en virtud de que los primeros 66 millones, al parecer, no tuvieron una comprobación contablemente aceptada.

De este último mecate se colgó Ivonne para pretender deslindar su responsabilidad jurídica en el asunto (como no me dieron lo que “necesitaba”, no pude terminar la obra). Pero la responsabilidad jurídica de haber hecho un mal uso de las asignaciones federales recibidas y la responsabilidad moral de haber abandonado a su suerte a miles de yucatecos carentes de los servicios básicos de salud, tiene un costo social incalculable.

Y en relación con la responsabilidad económica ¿Dónde están los 66 millones de pesos ejercidos entre el 2008 y el 2009 y no comprobados contablemente en forma correcta, más los 28.3 millones que la administración anterior dejo en un fideicomiso precisamente para equipar y poner en marcha al hospital?

Ivey: 151,000 acciones de vivienda. Un error que de manera consuetudinaria cometió Ivonne Ortega Pacheco fue saludar con sombrero ajeno. Siempre que la SCT construía una obra (carretera, puente vial, edificio público, etcétera) más tardaba el gobierno federal en realizarla que la ex gobernadora en adornarse e integrarla a su inventario de metas alcanzadas. Igual ocurre en el caso de las acciones de vivienda, cifra que amalgama a veces insumos, a veces productos indeterminados, pero que bien es cierto incluye también las viviendas construidas por el Infonavit y otras instituciones públicas y privadas, ajenas al esfuerzo efectuado por el gobierno estatal.

Cero secuestros y los más bajos índices de criminalidad. Es inexacto su señalamiento. Hubo múltiples ataques a la libertad y a la integridad de los ciudadanos, con el agravante en algunos casos, como el del señor Carlos Castillo Bolio que fue secuestrado el 14 de agosto de 2012 aparentemente por retenes de policía, llevando en su vehículo fajos de billetes que necesitaba para cubrir un asunto de trabajo (el señor Castillo tuvo la oportunidad de informar de lo ocurrido a un pariente, a través de una llamada discreta de celular).

Otros casos que han lastimado mucho a la sociedad fueron los levantamientos, y desaparición consiguiente, del doctor Delio Peniche Manzano el 3 de noviembre de 2008 y del señor José Elías Aguilar Nechar.

En todos los casos señalados nunca más se volvió a saber de los desaparecidos.

No cabe que Ivonne argumente desconocimiento de estos casos, porque los familiares y amigos de las víctimas la coparon hasta el cansancio y ella los ignoró olímpicamente, quebrantando su política de “puertas abiertas” y desdibujando el funcionamiento de su “Oficina de Atención Ciudadana”. Se negó de manera sistemática a atenderlos.

No se señalan los casos de desaparecidos cuya situación no fue reportada a la autoridad competente.

Y para qué abordar tantos casos pendientes de feminicidios, como de violencia familiar y abusos contra las mujeres y los discapacitados, ocurridos durante su período en nuestro Estado, que engrosarían demasiado este análisis. No, definitivamente, es impropio echar festejos al vuelo, sino de redoblar esfuerzos para librar juntos una nueva batalla por la seguridad.

¿Dónde están los 66 millones de pesos ejercidos entre el 2008 y el 2009 y no comprobados contablemente en forma correcta?…

5. Versión diferente a la verdad

Paso deprimido. Incorrecta manera de comentar en su libro, Ivonne, estos sucesos que ocurrieron en forma y fondo totalmente diferentes a como usted los señala y que constituyeron la gota que derramó el cántaro por la que muchos ciudadanos acabaron perdiendo la fe en las instituciones públicas y en su gobernadora.

Procuraremos en la forma más sintética y objetiva posible replantear este asunto. La obra en cuestión nunca figuró en el Plan de Desarrollo Municipal 2010-2012, ni en el Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso estatal para el ejercicio 2011. Tan inesperado resultó, que en los meses de marzo y abril de 2011 el Ayuntamiento realizó una obra millonaria para el remozamiento de la fuente y de la glorieta, dinero tirado a la basura cuando tres meses después se ejecutó el paso a desnivel.

Jamás se hicieron los estudios de factibilidad urbana, ni de impacto vial, ni de impacto ecológico que exige el Reglamento de Construcción de Mérida.

Fue tajantemente rechazado el proyecto del paso deprimido por los vecinos y por los establecimientos de diversa índole existentes alrededor de donde se ubicó.

Mereció una reprobación de instituciones profesionales de Arquitectura de Yucatán. Se desdeñó la opinión de órganos colegiados, como el Consejo Municipal de Planeación y el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano. Ante la cerrazón gubernamental los vecinos de la zona afectada durante cinco sábados consecutivos realizaron “plantones” en protesta.

Dada la negación total de la autoridad para entrar en razón y ante la proximidad del arranque de la obra, ciudadanos de la colonia México decidieron acampar en el sitio donde se desarrollaría la construcción, para impedir que se llevara al cabo.

Hasta que llegó el lamentable 4 de julio de 2011 en el que un grupo de pandiller@s y fascinerosos al servicio del gobierno estatal (se señala esto último con pruebas existentes) llegaron debidamente equipados a agredir en forma artera a las personas que estaban acampando, con un saldo de 42 manifestantes heridos, uno de gravedad extrema.

Al llegar a ese nivel de represión y brutalidad, inimaginables en esta noble y pacífica ciudad, estallaron los organismos empresariales y sociales, los partidos políticos y los medios de comunicación independientes del gobierno, así como el grueso de la ciudadanía, y en medio de una protesta colectiva, cuyo epicentro fue el evento denominado “Cadenas en las Glorietas”, repudiaron abiertamente la conducta de un régimen que sembró odio, abuso de poder, polarización social y abierta ilegalidad, y que cosechó los frutos de todos conocidos.

En ese escenario muchos ciudadanos despertamos de nuestro letargo cívico e iniciamos una lucha contra la corrupción y la impunidad, que hasta la fecha mantenemos vigente.

Existe un punto de coincidencia con la versión que propala Ivonne: el beneficio de este incidente lo obtuvo el Partido Acción Nacional. Pecaría de inocente quien pensara que en un sistema que en la vida real opera como bipartidista (PRI-PAN), como el que funciona en Yucatán, los errores graves y pecados capitales que cometa uno de los dos partidos no vayan a ser capitalizados en la ganancia de votos por el partido contrario. Pero hay que ser muy precisos al señalar que las protestas relacionadas con los hechos ocurridos el 4 de julio de 2011 fueron fruto de un auténtico espíritu ciudadano. Quien señale que hubieran sido promovidas, auspiciadas, organizadas o controladas por un partido político esta afirmando una mentira colosal e imperdonable.

Fue tajantemente rechazado el proyecto del paso deprimido por vecinos y diversos establecimientos de diversa índole, de donde se ubicó.

6. Un hospital con muchas dudas

Pagos por servicios (PPS) contratados

La administración de Ivonne Ortega Pacheco “ante la carencia de recursos presupuestales públicos” (???) celebró contratos de PPS (Pago por Servicios) para la realización de dos grandes proyectos que, independientemente de la utilidad pública que llegaran a tener, por el simple hecho de tener el tipo de financiamiento seleccionado su contratación genera el incremento de la deuda pública estatal: el Hospital Regional de Ticul y el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. A continuación detallaremos el estado que guardan ambos conjuntos:

Hospital Regiona de Ticul

El 17 de agosto de 2011 informó IOP a un canal de televisión local acerca de la construcción de un Hospital General de segundo nivel en Ticul con capacidad para 60 camas. El 21 de septiembre de 2011 Álvaro Quijano Vivas, secretario de Salud, acompañado de Ulises Carrillo Cabrera, secretario de Planeación y Presupuesto, en rueda de prensa comunicaron que el costo de la construcción de este Hospital sería de 300 millones de pesos. El 1 de marzo de 2012 el Congreso del Estado, a cuyo frente se encontraba Mauricio Sahuí Rivero, autorizó comprometer a la Hacienda pública estatal por un monto de cinco mil quinientos setenta y un millones de pesos aprobando las asignaciones de pago para la construcción, el mantenimiento y la operación de este hospital durante los siguientes 25 años, a partir de la fecha en que concluyera su construcción (marzo de 2014). Cabe precisar, para deshonra y vituperio del referido Congreso del Estado, que se autorizó dicho compromiso sin tener disponible el presupuesto desglosado de conceptos de obra por ejecutar, ni las especificaciones ni el proyecto ejecutivo del mismo.

El 12 de septiembre de 2012, diez y ocho días antes de concluir su mandato, exhibiendo una profunda falta de respeto a la autoridad electa próxima a iniciar su gestión, la gobernadora Ortega Pacheco suscribió el contrato vía PPS con la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. de C. V., por la cantidad señalada en el párrafo anterior ($5,571.0 millones) lo cual obligaría al Estado a pagar la cifra de 222 millones de pesos anuales en los siguientes 25 años. En gira de despedida el 25 de septiembre de 2012 informó a la prensa que la capacidad del hospital ya no sería de 60, sino de 90 camas y que su costo de construcción ya no serían los 300 millones anunciados en su momento por el secretario de Salud, sino de 1,173 millones de pesos. Ese mismo día el director de la empresa constructora desmintió públicamente a la gobernadora y apuntó que el costo de construcción sería de 1,300 millones de pesos y que el hospital iniciaría su funcionamiento en marzo de 2014. En el Registro de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas que tiene bajo su control, la SHCP señala en diciembre de 2013 que el monto comprometido fue de 948.8 millones de pesos. ¿Dónde quedaron los otros 350 millones de pesos?

El 31 de diciembre de 2014, en su informe anual, la empresa constructora señaló que el avance físico de la obra era de 42%, que la inversión efectuada a esa fecha había sido de 406.5 millones de pesos y que quedaría totalmente terminada en enero de 2015. El 16 de febrero de 2015 el secretario de Salud informó a la prensa que la obra estaba suspendida y que el gobierno estatal analizaba la posibilidad de revocar el contrato por incumplimiento contractual del contratista, en referencia al plazo comprometido para la construcción del citado inmueble hospitalario.

Después de múltiples intentos infructuosos que diversas organizaciones de la sociedad civil han efectuado ante el Inaip y ante la propia Secretaría de Salud para tener acceso a la información relativa a este contrato de PPS, el 25 de marzo de 2015 el secretario de Salud nos recibió en su oficina y al requerirle la documentación solicitada, el citado funcionario fue tajante en su afirmación: “No es posible por cuestiones políticas hacer del conocimiento público estos documentos… es un asunto que se reserva por razones de Estado”. En mayo de 2015, un mes y fracción antes de las elecciones pasadas, el gobierno decidió rescindir este contrato de PPS, sin precisar el costo de una posible indemnización económica a la contraparte, ni los efectos jurídicos ni las consecuencias en materia de salud pública regional que ocasionaría la cancelación del mencionado contrato.

Ante este cantinflesco episodio que estamos recordando, con todas las consecuencias de las acciones habidas, nos preguntamos: ¿Quién es más culpable de los hechos ocurridos: los funcionarios que cometieron innumerables errores y presumiblemente actos de corrupción o la sociedad civil que permitió con los ojos cerrados que se cometieran tales ilícitos? ¿Valdrá la pena apoyar las aspiraciones de aquellos políticos que a pesar de sus negativas acciones todavía buscan ellos y sus respectivos grupos un crecimiento mayor en sus proyectos y posiciones políticas?

En mayo de 2015, un mes y fracción antes de las elecciones pasadas, el gobierno decidió rescindir este contrato de PPS, sin precisar el costo de una posible indemnización económica a la contraparte, ni los efectos jurídicos ni las consecuencias en materia de salud.

7. Museo y el vacío de información

Gran Museo del mundo maya de Mérida

Otro ejemplo de deficiencias habidas fue la construcción de este conjunto. El 14 de junio de 2011 se protocolizó un contrato con la empresa Promotora de Cultura Yaxché, perteneciente al Grupo Hermes Infraestructura, con financiamiento del Grupo Hermes a cuyo frente se encuentra Carlos Hank Rohn, en un área de dos hectáreas de terreno, con 17,700 metros cuadrados de construcción, de los cuales 4,650 metros cuadrados son de exposición.

Esta obra representa la mayor bofetada a la legislación en materia de transparencia del gasto público que, por exigencia legal, las distintas instancias ejecutivas, legislativas y de fiscalización están obligadas a cumplir. Las bases, cláusulas y condiciones que rigen este contrato de PPS constituyen elementos vedados para su información pública aparentemente hasta después de 2018, una vez que se hayan efectuado las próximas elecciones federales. De tal suerte que los ciudadanos, que a pesar de sus contribuciones hacen posible la recaudación del gasto público, no tienen derecho a conocer el estado que guardan las inversiones y los gastos que el gobierno del Estado ha efectuado en el citado museo.

Por versiones extraoficiales se sabe que las obras de infraestructura, la preparación de servicios públicos, la construcción exterior del museo, el alumbrado, las áreas verdes, etcétera, tuvieron un costo de cientos de millones de pesos con cargo al erario, en detrimento de otras obras y servicios con mayor urgencia y prioridad en el Estado.

Sobreprecio

Aparentemente, la construcción del museo tuvo un costo cercano a los 900 millones de pesos, con un promedio estimado a precios de los años 2011-2012 fue de 50,847 pesos el metro cuadrado, que para algunos especialistas en la materia constituyó una exageración, un enorme sobreprecio en relación con los parámetros establecidos en aquel momento.

Por la ocupación del citado inmueble, el Estado paga adicionalmente la cantidad de 142.8 millones de pesos anuales (11.9 millones de pesos mensuales) durante 20 años, o sea, 2,856 millones de pesos, más de tres veces el costo total de la obra terminada. Independientemente de lo anterior, el gobierno de Yucatán está obligado a cubrir por concepto de mantenimiento la cantidad de 109.2 millones de pesos anuales (9.1 millones mensuales). O sea que entre el pago por uso del Museo, que ni siquiera en este momento la opinión pública tiene la certeza de si al término del contrato será o no propiedad del Estado, y la erogación por el mantenimiento que requiere para funcionar los contribuyentes cubren al erario la cantidad de 21.0 millones de pesos mensualmente, o sea 5,040 millones de pesos en los próximos 20 años. Y para demostrar que los inversionistas de este inmueble no dan paso sin guarache, tomaron la precaución, según información extraoficial disponible, de asegurarse en el contrato prestación de servicios como garantía de pago el importe del 4% de las aportaciones que cada año la federación cubre al estado de Yucatán.

Por supuesto que si los ingresos mensuales que recibe el Gran Museo superan la cifra de 21 millones de pesos, entonces no habría pasivos que cargar a la cuenta pública.

Las estimaciones formuladas por el “Maestro” Esma Bazán de atraer a la ciudad de Mérida un mínimo de 160,000 visitantes anualmente exclusivamente por el encanto que les produce el hecho de conocer el Gran Museo nos parecen muy alejadas de la realidad. En la Feria Internacional de Turismo, que se celebró en Berlín, Ivonne Ortega señaló que de acuerdo con estudios realizados se esperaba que 50 millones de personas acudirán al gran museo en los próximos 20 años, una ocurrencia y un desparpajo más, acumulados en el récord de la exgobernadora.

Preocupa desde el punto de vista de la potencial deuda pública adicional que generó esta obra, la información no oficial que se tiene, en el sentido de que dado que el contrato de PPS se suscribió a un plazo de 20 años y el crédito que tramitó la constructora con la Banca (Interacciones) fue de 24 años, aparentemente habrá otra carga financiera adicional para cubrir el diferencial de los últimos cuatro años de operación crediticia.

El vacío de información existente sobre las condiciones reales en que se pactó el contrato de PPS genera múltiples dudas y suspicacias.

Para algunos analistas, el día en que se haga público el contenido completo del contrato, pudiéramos estar en presencia de uno de los tongos y corruptelas más graves que hayan ocurrido en nuestro Estado.

8. Gasto en la promoción de personajes políticos

El gobierno de Ivonne Ortega Pacheco erogó durante los cinco años de su gestión pública, tan solo para atender los requerimientos de “comunicación social”, la friolera de 1,034 millones de pesos, destinados parcialmente a cultivar, difundir y fortalecer en el plano nacional la imagen personal de Ivonne.

Esto se realizó a través del manejo de recursos cubiertos a los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, revistas de diversos tópicos, periodistas, conductores de importantes programas de comunicación masiva, obsequios a funcionarios públicos, celebraciones faraónicas de sus “informes de gobierno”, fiestas y eventos políticos realizados por cualquier motivo, etc.

En el libro que estamos analizando Ivonne insinúa que “algunos” de los programas de desarrollo social emprendidos durante su gestión fueron cubiertos con aportaciones cargadas a este centro de costos.

Lejos de aplaudir su señalamiento, solamente deja en evidencia el truculento manejo habido de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como de los criterios y normatividad que marca la legislación en materia de contabilidad gubernamental.

Existe un dato que despierta preocupación: en el año 2012, último de la gestión de Ivonne, el Congreso del Estado solamente autorizó el ejercicio de 86 millones de pesos para el rubro de comunicación social, pero la gobernadora —brincándose las trancas— ejerció la cantidad de 378 millones de pesos! ¿De dónde obtuvo los recursos adicionales?

A nuestro juicio, se rebasaron los límites de la moralidad en este derroche de recursos públicos, exceso que contrasta con la pobreza extrema en que se debate el 40% de los yucatecos.

En cualquier caso, las cifras son más elocuentes que las palabras.

Terrenos propiedad de la familia

Este es otro tema en el que Ivonne escribe comentarios diferentes a la verdad. En su libro de referencia señala que “…quisieron adjudicarme como nueva propiedad este predio….perteneciente a mi familia desde hace mucho tiempo, desde abril de 1966….se compró en pedazos, en porciones, al señor Ricardo Aké Aké; nunca fue terreno ejidal…”.

Nos permitimos refrescarle la memoria a la ex gobernadora: originalmente los hermanos Ortega (Humberto, que es el padre de Ivonne, Galo, Juan Pío, Inocente Melchor y Honorio Gaspar) así como los señores Serafino Euán, Casimiro Erguera y Ricardo Aké eran los usuarios ocupantes mas no los dueños de la propiedad.

Los hermanos Ortega originalmente tenían la propiedad exclusivamente del casco de la hacienda (16 hectáreas) y en 1982 se apropiaron en forma ilegal, a juzgar por los ejidatarios de esa zona, de la propiedad de esas tierras, con el apoyo de las autoridades agrarias federales (Víctor Cervera Pacheco era en aquel entonces secretario de la Reforma Agraria).

Al morir Humberto Ortega, heredó a su esposa Ligia Isabel Pacheco Graniel (madre de Ivonne) la cuarta parte del predio Paraíso (426.5 hectáreas), según folio electrónico 280008. El 27 de junio de 2008 doña Ligia Isabel dona a su hija Ivonne Aracely la propiedad del predio heredado, según número de inscripción en el Registro Público de la Propiedad 906790.

Un día después, el 28 de junio, la gobernadora adquiere por compraventa a sus tíos las 1279.9 hectáreas restantes, cubriendo un importe total de $412,500 pesos, lo cual la convierte en la única propietaria del terreno. Se destacan en este caso: a) las irregularidades con las que los hermanos Ortega obtuvieron la propiedad, aunque el litigio agrario aún no concluye, a base de engaños e inclusive utilizando firmas apócrifas, como fue el caso de un humilde ejidatario de nombre Casimiro Erguera, que no sabe ni leer ni escribir.

b) El ostensible tráfico de influencias habido en el ámbito agrario federal. Adicionalmente el notario que protocolizó la adjudicación de las tierras en discordia es hermano del entonces director de Asuntos Agrarios de Yucatán.

c) Por desgracia para Ivonne, dentro de las 1,706 hectáreas adjudicadas existen los siguientes ejidos: San X´lot, San Isidro, San Martín, Chen Bacab, San Gregorio, San Francisco, Yah, Chen Pichi y Tres Cruces.

Mención aparte

Mención aparte merece la adquisición por su hermana Guadalupe, allá en zona cercana a Dzidzantún, de otra enorme superficie de terreno que se destinará a herencia de su hijo Cornelito, desde entonces bautizado por la comunidad yucateca como el niño terrateniente.

Pues nada, que esta familia Ortega Graniel resultó ser apasionada por la tierra (y también, por otros bienes inmuebles)… donde les tocó nacer.

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis.

9. Sorpresivo sistema político

Fiscalización del gasto público.

De las aportaciones federales para el período 2007-2012, que alcanzaron la cifra de 101,000 millones de pesos, sólo se sometieron a revisión de la Auditoría Superior de la Federación, a través de un muestreo representativo, la cantidad de 16,000 millones de pesos, provenientes todos ellos de acciones gubernamentales en las que se aplicaban recursos de libre disposición, mecanismo perverso inventado por la clase política que permite legalmente a las autoridades gubernamentales erogar libremente, sin intervención de instancia controladora alguna, el uso de esos recursos públicos y destinarlos a los programas y proyectos que a su juicio resulten más prioritarios para atender las necesidades de su jurisdicción; en otras palabras, para manejar a su criterio prácticamente sin vigilancia ni control alguno, parte del dinero de la nación que le corresponde a su entidad, con un destino a veces acertado, a veces caprichoso de programas que, con toda la subjetividad posible, a su juicio así lo merezcan.

De esos 16,000 millones sujetos a auditoria, en 1,123 millones de ellos, o sea en el 7% de los recursos manejados, se encontraron irregularidades con diferente grado de gravedad, mismas que generaron la formulación de 396 pliegos de observaciones. Ivonne se queja en el libro multicitado de haber sido el suyo uno de los gobiernos más observados y revisados con lupa milimétrica, pero la realidad fue al revés: la administración “ivonnista” fue una de las que presentaba mayores irregularidades en el país. Por lógica tenía que ser una de las más vigiladas.

Mientras que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán no encontró irregularidades y declaró limpias todas las cuentas públicas del período 2007-2012, la Auditoría Superior de la Federación, a través de 60 auditorías practicadas, entregó 55 pliegos de observaciones (promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria) y exigió el reintegro de 1,123 millones de pesos detectados con indiscutibles irregularidades. Destaca dentro de este uso indebido de recursos la cantidad de 380 millones de pesos, manejados por el Sector Salud, mismos que tuvieron que ser devueltos; de esta última cantidad, 150.1 millones de pesos fueron manejados por el Sindicato de Salud a cuyo frente se encontraba Álvar Rubio, primo hermano de Ivonne, y administrador de una pandilla de golpeadores, así como encargado de organizar fenomenales batucadas al servicio, todos ellos, de la Capitana en el lugar y momento que fuera necesario. El DIF estatal, al mando de la hermana de la gobernadora, únicamente “colaboró” haciendo uso de 41.7 millones de pesos no justificados”.

Cabe la pregunta lógica: ¿De dónde obtuvieron los funcionarios del anterior gobierno estatal los recursos (837.2 millones de pesos, el resto de las devoluciones se cubrieron aplicando fianzas y con pagos en especie) para solventar las irregularidades observadas y finiquitar con ello las auditorías practicadas? Dejo al criterio y a la imaginación de mis amables lectores las conclusiones que deseen suponer al respecto. Yo agrego una posibilidad adicional: quizá los sectores y grupos más leales de la Nueva Mayoría Ciudadana llevaron a cabo una megacoperacha para reunir los fondos requeridos y liberar a la entrañable Vonny de los “estragos y golpes bajos generados por el siniestro régimen calderonista que pretendía manchar la prístina imagen de la ejemplar (?) gobernadora”.

Chulada de sistema sociopolítico vivimos: si siendo funcionario público cometes pecados mortales y te pescan en la movida, pues simplemente devuelves el importe de lo detectado y tus pecados te son perdonados. De esta manera es tentadora la posibilidad de elegir la profesión de político.

10. No hay margen para la defensa

Mora en las aportaciones al ISSTEY

Este punto lo dejo como capítulo final para coronar un reinado de cinismo y alejamiento de la verdad. Durante el quinquenio 2007-2012 el importe de las aportaciones ordinarias de los servidores públicos (8% de su sueldo básico) así como de las Entidades Públicas (12.75% del sueldo base de los mismos servidores públicos) y otros cobros por concepto de servicios prestados por el Isstey, todos ellos fueron recibidos por la Tesorería Estatal con la obligación legal de ser entregado su importe al Isstey para que esta Institución pudiera cumplir sus responsabilidades de brindar los servicios médicos, seguro de cesantía, seguro de fallecimiento, prestaciones sociales, préstamos jubilaciones y pensiones a los empleados y trabajadores públicos de Yucatán. Sin embargo, estos recursos no llegaron a su destino. El importe de este endeudamiento al Isstey ascendió al término del quinquenio de Ivonne a la cantidad de 1,748.2 millones de pesos. La violación a la Ley del Isstey fue fragrante “en ningún caso y por autoridad alguna se podrá disponer de los fondos del instituto, ni aun a título de préstamos reintegrables” (art.8). En este punto Ivonne no tiene para dónde hacerse, carece de margen de maniobra para disparar un discurso que pudiera cubrir su responsabilidad. El director general actual del Isstey reconoció formalmente el adeudo (que él llama eufemísticamente situación de “mora”). El gobierno de Yucatán reconoce el 17 de agosto de 2014 la existencia de la deuda al Isstey por un monto de $2,125 millones, cifra que se agrandó de los 1,748.2 millones que dejó pendientes de cubrir la administración anterior en un corte al 31 de agosto de 2012, debido a nuevas aportaciones no cubiertas, así como a la acumulación de intereses financieros.

Rolando Zapata Bello presentó al Congreso del Estado un Decreto por el cual se autorizó la creación de un fideicomiso para liquidar al Isstey, con el importe de las tierras de Ucú, la cantidad adeudada (2,125 mil millones de pesos), mismo que fue aprobado rapidito y en brevísimo tiempo por un Poder Legislativo sumiso y dependiente, el 30 de diciembre de 2014. Existe una profunda irritación ciudadana porque el titular del Ejecutivo, sin derecho alguno que lo acompañara, se dispuso a vender tierras cuya propiedad es de todos los yucatecos. ¿A cuenta de qué razón nos vamos a desprender la comunidad yucateca de un patrimonio que a todos nos corresponde tan sólo para cubrir los desvíos cometidos por la ex gobernadora y su equipo de trabajo?

Se dispuso de un período de seis meses para formalizar la constitución del referido fideicomiso. Ha transcurrido más de un año y el citado fideicomiso no ha dado señales de vida, ni las dará, por la sencilla razón de que los terrenos de Ucú no es posible enajenarlos (en los próximos cinco años), en primer lugar por el exceso de vivienda construida y no ocupada en zonas colindantes; en segundo lugar, porque para hacer posible su venta los desarrolladores de vivienda y servicios anexos exigen un mínimo de urbanización y el acceso a servicio públicos municipales básicos cuyo costo podría alcanzar un elevadísimo monto que hiciera nugatorio el efecto positivo de la enajenación decidida. En otras palabras, el costo de acercar los servicios públicos a la zona “prometida” implicaría efectuar grandes erogaciones en demérito de la realización de otras obras y proyectos urgentes y prioritarios en el resto del Estado. En el otro lado de la moneda existe un comentario de Ivonne en el sentido de que el gobierno actual ya ha regularizado ¿parcialmente? el pago de las aportaciones que le correspondía cubrir al Isstey. Increíble argumento que Ivonne escribe en su libro. En el supuesto inverosímil de que el gobierno estatal lo hubiese hecho y no informado, sería a costillas de sacrificar otras acciones de gobierno urgentes para la entidad, todo ello para cubrir en forma ilícita las espaldas a su antecesora en el cargo.

En este punto Ivonne no tiene para dónde hacerse, carece de margen de maniobra para disparar un discurso que pudiera cubrir su responsabilidad. El director del Isstey reconoció el adeudo…

11. A salvo la “patria chica”

Existe un dato de daño colateral al Isstey que nos fue confiado, a condición del anonimato, por un funcionario de la administración estatal anterior. Antes de concluir la administración de Ivonne, sus lugartenientes observaron que a consecuencia de los desórdenes financieros y las ocurrencias políticas habidos se había “gastado” la partida presupuestal destinada para el pago de aguinaldos.

Ni tardos ni perezosos buscaron los genios políticos la solución al problema y pronto la encontraron: la venta forzosa, por parte del gobierno estatal al Isstey, de un terreno ubicado en el kilómetro 24.5 de la carretera Mérida a Progreso, con superficie de 330.116 hectáreas.

Este terreno denominado “Plataforma logística” que fue adquirido durante la administración de Patricio Patrón Laviada con el propósito de construir un sólido desarrollo industrial, resulta ajeno totalmente a los objetivos y necesidades por cubrir que tiene el Isstey.

No obstante la inutilidad de esta innecesaria y obligada compra, servilmente la Dirección en turno del Isstey procedió a acatar órdenes superiores y el 4 de septiembre de 2012 se dispusieron las partes involucradas a protocolizar el contrato de compraventa ante la fe del notario Efraín J. Díaz y Díaz por un monto de 332 millones de pesos.

Se acumuló un bulto más al Isstey, pero se “salvó a la patria chica” y los servidores públicos, según la versión que nos fue confiada, pudieron felizmente disfrutar de su merecido aguinaldo.

Tiempo después, el genio maquiavélico de Ulises Carrillo Cabrera, ahora con la cachucha de director del Isstey, procedió a desarrollar una iluminada idea: reevaluar el terreno adquirido y el 3 de abril de 2014 el citado inmueble ya tenía un valor de $412.8 millones, según dictamen elaborado por el ingeniero Mario Rubén Sánchez Márquez, con cédula de valuador profesional número 3282632.

¿Cómo lo ven, estimados lectores: un terreno ubicado en despoblado en 18 meses incrementa su valor en 80 millones de pesos?

Y el culmen de la genialidad: ¿Saben ustedes a dónde fue a parar contablemente el incremento estratosférico en el valor del predio?: en primer lugar y obviamente al rubro de Terrenos, fortaleciendo con ello los Activos de la Institución y, por ende, la cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio del Isstey en $80 millones, con una simple operación dirigida desde la oficina de la Dirección General.

Pero regresando al tema fundamental: ¿dónde se encuentran los 1,748.2 millones de pesos que nunca ingresaron a las arcas del Isstey, que equivalen a algo mucho más que dos sacos de frijol y uno de arroz? ¿Qué uso socialmente útil tuvieron? El pasado 18 de agosto de 2014, en una entrevista periodística de la cual textualmente extraigo lo expresado, Carrillo Cabrera ofrece la siguiente respuesta: “Si me preguntas (dice Ulises Carrillo) ¿dónde quedó el dinero?, se gastó en gasto regular, normal del gobierno, que además está en la Cuenta Pública. Cuando me dices, quiero saber exactamente en que se gastó, te digo: es imposible saberlo”. A partir de ese momento las palabras señaladas por el entonces secretario de Planeación y Presupuesto dejan a cualquier ciudadano responsable con los pelos de punta. A cientos de kilómetros de Yucatán, por menos de lo señalado, hermanos nuestros guatemaltecos con los que compartimos origen y destino común, y la misma sangre maya, por menos cantidad de los desvíos y errores tenidos por Ivonne despidieron a su presidente de la república y lo obligaron a cambiar de residencia, lo enviaron a un Centro de Readaptación Social. Aquí en México a los funcionarios públicos que cometen esos pecados mortales generalmente los cubren con el manto protector de la impunidad y en ocasiones los reconocen con nuevas oportunidades dentro de la administración pública en diferentes poderes y niveles de gobierno. Ironías que tiene la vida.

Tags: Hospital Regional de Tekax, Ivonne Ortega Pacheco

Autor: Juan Chaía Shaadi

Licenciado en Derecho por la UNAM e integrante Integrantes de la  agrupación civil "Poder ciudadano"...

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