Desnudando la Educación en Yucatán.

Publicado el 13 septiembre, 2016

Juanita está feliz, hoy es su tercer día en una secundaria pública de Yucatán, tiene ilusiones de hacer nuevos amigos y ha escuchado que ahí aprenderá inglés y computación. Ella imagina que podrá aprender mucho con las computadoras de su nueva escuela, pero descubre que no hay, bueno… sí hay pero son unas como las que vio alguna vez en casa de sus abuelos, muy antiguas, además no le sirven los teclados, ni los ratones. Por si fuera poco sus padres sólo pudieron comprarle un uniforme, y el día anterior llovió, así que fue a la escuela con su ropa de siempre, ¡vaya error! El prefecto la detuvo en la puerta, le dijo que era la última vez que se atrevía a ir sin el uniforme ¡completito! La humilló delante de todos. En sus ojos brillaban unas lagrimotas que luchaban por salir, pero sus compañeros miraban, así que se hizo a la fuerte y bajó la cabeza y en voz baja dijo: se mojó, el prefecto le dio un largo sermón adicional, le dijo que ella es responsable de ver que se seque, que los demás sí cumplen, que…. lo de siempre.

¿Qué pasa con la educación en Yucatán? ¿Es realmente incluyente, gratuita y segura? La respuesta es un rotundo ¡no!

¿Por qué avalamos como ciudadanos la ilegalidad? Estamos acostumbrados a detenernos ante un semáforo en verde porqué el policía de crucero nos lo indica, a muchos no nos parece pero lo aceptamos porque si no nos multan ¿Nos multan? ¡Pero si el que no está respetando el reglamento de tránsito es el policía! Pero él es “la ley”, aunque eso implique que la esté violando.

Bueno, pues lo mismo pasa en las escuelas: tenemos una normatividad muy clara sobre la no obligatoriedad del uso de uniformes en escuelas públicas, la prohibición explícita de no condicionar el ingreso o permanencia en las mismas, o solicitar pago alguno como contraprestación por el servicio educativo (1), pero siempre hay un pero (valga la redundancia). La realidad es que pasa tal como con el policía del crucero: la ley no la cumplen los profesores, directores y sobre todo los directivos, y el miedo a “la multa social” puede más, los estudiantes de escuelas públicas son detenidos por un policía educativo que les dice que no pueden entrar a su escuela a pesar de que el semáforo esté en verde, “o cumples lo que dispongo o no estudias”, así de simple.

La pregunta obligada es ¿quiénes son los responsables de lo qué pasa? Y sobre todo ¿por qué?, pues hay muchos culpables, entre los que figuran los que disponen y deciden (directivos y director), los que ayudan a cumplir lo que es ilegal (profesores) y los que lo aceptan o huyen cuando no pueden con la exigencia. Pero lo más importante está en los que padecen tales decisiones. ¿Quiénes son?… Sí, acertaste, los estudiantes que menos tienen, los miles de Juanitas que viven las arbitrariedades en las que sus circunstancias particulares no importan, después de todo ya en algún programa clientelar les dieron un par de zapatos de pésima calidad que se les despegarán en una semana y un par de camisetas con publicidad gubernamental; y eso no le importa a la escuela, no le importa a los que sí tienen, tampoco les importa la recomendación número 1/2009 (2) de la CODHEY que hace hincapié en que: “ los menores dejan de asistir a la escuela por no tener para pagar la cuota o el uniforme” (3). Lo anterior configura actos discriminatorios en contra de los menores y sus padres. (4)
Entonces como sociedad ¿qué podemos hacer?, pues no olvidemos la frase de Víctor Hugo: “el que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión”.


Referencias

1. Artículo 6º de la Ley General de Educación vigente: La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

2. Página 16, último párrafo: “Este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos señala lo anterior toda vez que advierte que el cobro de cuotas en las Escuelas Públicas, por su generalidad, ha adquirido una fuerza de obligación, ante la cual la gran mayoría de los afectados, madres y padres de familia, niñas, niños y adolescentes se someten, muchas veces por el temor al mero rechazo social que implica el ser exhibido ante la comunidad o, lo que es más grave, dichas cuotas se cumplen porque la propia autoridad escolar, velada o abiertamente, condiciona la inscripción de los alumnos y alumnas al pago las mismas. En uno u otro caso, tanto los educandos como sus ascendientes resultarán afectados de algún modo, ya que si cubren dichas cuotas se desnaturalizará el concepto de la educación gratuita, pero si no las cubren, aunque se reciba la educación, los disidentes quedarán marcados por su insolvencia económica o su omisión. Si bien es cierto que ahora se encuentran inscritos la mayoría de los alumnos a los ciclos escolares correspondientes, es debido a que la mayoría de ellos cubrieron los pagos y otros, por las intervenciones de este Organismo, lo cual no extingue la afectación de los derechos fundamentales derivados de la obligatoriedad de las cuotas y la responsabilidad del servidor público que participó o fue omiso en esa violación a los derechos humanos de madres y padres de familia y de las niñas, niños y adolescentes en Yucatán”.

3. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 4° , coincide en señalar que la discriminación debe ser entendida como: «toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas..»

4. La Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. Previene en su Sección Décima Tercera sobre el Derecho a la Educación en el artículo 82 que: «Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad, que se respete su dignidad e infunda valores de tolerancia. El derecho a la educación pública no se condicionará a cuestiones administrativas, por lo que no se podrá negar la inscripción por falta de pago de cuotas, uso o adquisición de uniformes o material que soliciten las instituciones educativas, las organizaciones de padres de familia o otras, o cualquiera otra condición que vulnere sus derechos o atente contra su dignidad».


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Autor: J. Reyes

Homo Sapiens

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