Lo que se puede [y no se quiere] hacer contra la corrupción (I)

Publicado el 22 abril, 2017

Después de ver a Javier Duarte (Javudú) hasta en la sopa y escuchar decenas de teorías, desde la conspiración contra Morena, hasta la nueva hidalguía del PRI en su vocación justiciera, la sensación que me queda es un tufo de estiércol de la justicia mexicana.

Me atrevo a sostener dos conclusiones (quizá muy evidentes): un nauseabundo hartazgo social hacia la corrupción y una grosera miopía del gobierno que aún cree que simular basta para gobernar.

Me explico, el problema de fondo es el precario sistema judicial del país, corroído hasta los huesos de incapacidad y, en el peor de los casos, complicidad ¿Basta la detención de un ex gobernador como Javier Duarte para creer que se está combatiendo la corrupción? Por supuesto que no (pero que bueno que lo detengan). El problema cala hondo, pasa por el diseño de las instituciones y por quienes son elegidos para operar en ellas.

Sin creerme dueño de la verdad absoluta o capaz de recetar la panacea, me atrevo a esbozar acciones necesarias para tratar de limpiar el desaseo imperante en quehacer público, a través de una serie de artículos en Voz Abierta. En este texto, particularmente, abordo la paradoja de ser juez y parte en las contralorías de gobierno ¿Será que un niño malcriado se castigará a sí mismo para corregir sus berrinches? Por absurdo que parezca, así sucede con los gobernantes.

 

¿Contralorías o tapaderas?

Seguramente todos recordaremos la imagen Virgilio Andrade (ex secretario de la función pública) exonerando al presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la casa blanca. Pues bien, la simulación no es exclusiva de la administración federal: estados y municipios cuentan en su estructura interna con contralorías dedicadas a “detectar y sancionar” a funcionarios públicos que tengan la uña larga, entre otras irregularidades.

¿Algún contralor valiente se atreverá a contravenir los deseos y ordenes de su jefe, alcalde o gobernador, y exhibir las tropelías? Por supuesto, la simulación cae en niveles de burla.

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¿Qué se puede hacer para contrarrestar la corrupción?

Ciudadanizar la contralorías internas. Que la vigilancia del uso de los recursos no dependa exclusivamente del propio gobierno. Se requiere abrir espacios para la vigilancia de la sociedad civil.

¿Cómo? Creando comités ciudadanos que sean garantes dentro de las mismas contralorías, integrados por colegios de profesionistas, asociaciones civiles, universidades, cámaras empresariales, cualquier asociación ciudadana comprometida con la transparencia.

¿Y si los maicean a todos? Claro, siempre es una posibilidad que la corrupción salpique parejo. Sin embargo, la posibilidad de que haya una mejor vigilancia de los recursos públicos incrementa cuando la sociedad organizada es involucrada. Es menester, además, que los periodos de gestión de las contralorías ciudadanas no sean concurrentes con el periodo de gestión del gobierno en turno, es decir, que no inicien ni terminen juntos. Mostrar con mayor apertura a la sociedad cómo se gasta el dinero de la sociedad no es alguna ocurrencia, es sentido común.

Se podrá alegar que los diputados tienen la función institucional de supervisar el uso del presupuesto mediante la calificación de las cuentas públicas. La broma también se cuenta sola cuando entendemos, en primera instancia, que los legisladores difícilmente procederán contra sus propios correligionarios, dando lugar más bien a una lucha de revanchismos políticos, grilla pues; en segundo lugar, las funciones de auditoría de los Congresos estatales tienen limitaciones claras, al verificar si una obra se realizó o no, pero dejando un gran vacío en la inspección de todo el proceso de realización de la obra, desde su licitación o adjudicación directa.

Situación similar pasa en el Poder Judicial (jueces, ministerios públicos, etc.), que en los hechos no funge como contrapeso real a gobernadores, alcaldes o presidente. En los estados, el presidente del Poder Judicial suele ser designado por el gobernador en turno con el aval de la Cámara de Diputados. Un amigo pues.

Y otra vez, el diseño institucional propicia la complicidad, el amiguismo y la corrupción. Es evidente que la labor de los jueces y Fiscalías debe independizarse del Poder Ejecutivo, en los hechos reales, no solamente en el papel. A nivel internacional, vemos como países cercanos como Perú, Argentina y Brasil llevan procesos judiciales contra funcionarios públicos, procesos tutelados por un Poder Judicial robusto, de mayor autonomía. En México, seguimos durmiendo el sueño de los justos.

Otra vez, la Secretaría de la Función Pública no puede depender de la presidencia, ni las fiscalías estatales pueden depender del gobernador en funciones. Hay que cortar de tajo el tumor de la complicidad. Qué estas instituciones sean robustecidas con autonomía operacional y presupuestal. Indispensable que los periodos de gestión de los titulares no sean de tres o seis años, sino de cinco o siete años, para propiciar una mayor autonomía e imparcialidad.

¿De quién depende que se hagan las transformaciones institucionales necesarias para llevar el combate a la corrupción a los hechos, más allá shows mediáticos o mediocre simulación?

Pues de todos, simplemente.

Denunciar, proponer, exigir.

¿Cómo diseñar una contraloría social?

Les compartimos un extracto del artículo “El eslabón indispensable del SNA: la contraloría social”, publicado en el portal Animal Político: 1)http://www.animalpolitico.com/blogueros-frente-a-la-pobreza/2016/01/21/el-eslabon-indispensable-del-sna-la-contraloria-social/

La contraloría social es una forma de participación ciudadana. Al establecer sus atribuciones y funcionamiento se requiere evitar la uniformidad, la dependencia y la simulación. Hay al menos tres retos a enfrentar en su diseño y ejecución en relación con tres desviaciones que se deben evitar para mantener su carácter ciudadano:

  • La contraloría social debe ser flexible y adecuada a su función y campo de acción. La homogeneidad y la pretensión uniformadora –propia del enfoque burocrático- son veneno para su efectividad. No debe haber formas organizativas únicas, figuras uniformes de participación, formas rígidas de organización.
  • La contraloría social requiere recursos e inversión, pero por supuesto no puede convertirse en una instancia burocrática o subvencionada per se. El uso de las tecnologías y otras formas creativas de información y comunicación pueden facilitar mucho su funcionamiento. De todos modos, habrá que destinar presupuesto a su fomento y fortalecimiento, especialmente para su creación y capacitación. La participación de organizaciones civiles expertas en la materia será indispensable, si se encuentran formas creativas de priorizar, multiplicar y difundir para lograr la cobertura necesaria.
  • La contraloría social debe ser una pieza más en un sistema enfocado a la mejora de la gestión pública y no única ni principalmente a la detección de la corrupción. Esto implica que su función central está mas relacionada con la adecuada prestación de los servicios y la aplicación eficaz de los programas que con la detección de fraudes y desviaciones de recursos, los cuales sólo cuando son evidentes y notorios pueden ser detectados por la ciudadanía.

Referencias   [ + ]

Tags: Corrupción, diputados, Javier Duarte, justicia, MORENA, Poder Judicial, presidencia, PRI

Autor: J. Reyes

Homo Sapiens

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